martes, 18 de enero de 2011

Ley de cine: comedia de equivocaciones

Si no fuera preocupante, sería de risa loca. Resulta que ahora la ley de masificación tal como la aprobó el Congreso "desincentivaría la rentabilidad de los inversionistas". Es decir, de exhibidores y distribuidores. Sin duda, el MEF es más papista que el Papa.
¿Cuándo tendremos en el Perú un Estado que diseñe una política cultural autónoma, que no le pida permiso a nadie para estimular a una industria cultural, ni vele por los bolsillos de las multinacionales?
Aquí están resumidas, según la nota de prensa del Poder Ejecutivo, las 7 observaciones a la malhadada Ley de Masificación y Fomento del Cine.
Observen algunas cosas sustanciales: el Ejecutivo se opone a la derogación del impuesto municipal, a la creación del Fondo Procine y al aporte del 20% de recursos a las empresas ubicadas fuera de Lima y Callao, sin pedirles resultados de calidad y ventas.
Estas observaciones derrumban todo lo actuado hasta hoy. Ojalá me equivoque. (Ricardo Bedoya)
Aquí está la nota de prensa:

EJECUTIVO ENVÍA AL CONGRESO SIETE OBSERVACIONES A LA LEY DE MASIFICACIÓN Y FOMENTO DEL CINE

Obligaciones exigidas a distribuidores y exhibidores desincentivarían la actividad y elevarían precios de entradas, sostiene el documento.Considera que reducción del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos perjudicaría ingresos de municipios.Además, creación de Fondo Procine y Fondo Antipiratería duplican funciones de Conacine e Indecopi, señala.

El presidente de la República, Alan García Pérez, envió hoy al Congreso siete observaciones a la autógrafa de la “Ley de masificación del cine y fomento de la producción cinematográfica nacional”.

El oficio, dirigido al presidente del Congreso, César Zumaeta, está firmado por el jefe del Estado y el titular del gabinete, José Antonio Chang Escobedo.

Las observaciones

La primera de las observaciones se refiere a las obligaciones que la autógrafa establece a los distribuidores y exhibidores cinematográficos. En consideración del Ejecutivo, estas obligaciones restringirían y/o desincentivarían la expansión de la distribución y la exhibición de las cintas y podrían elevar los precios de las entradas a las funciones de cine.

El oficio precisa que exigir a los distribuidores y exhibidores presentaciones gratuitas, distribuir por lo menos dos filmes nacionales al año, asesorar comercialmente a los proyectos nacionales y destinar el 3.33% del valor de las entradas al “Fondo Procine” incidirá negativamente en la rentabilidad de los inversionistas.

Además, considera que si estos costos se trasladan a los consumidores a través de las entradas, los más afectados serán los pobladores de las zonas donde hay menos salas de cine y el efecto de la norma será contrario a su finalidad.

El Ejecutivo también expresa su desacuerdo con la reducción (10% a 0%) del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos que se aplica a los espectáculos cinematográficos porque afectaría los ingresos de los municipios y el cumplimiento de sus compromisos presupuestales.

De igual forma, observa la eliminación que plantea al apoyo económico que se otorga a los premios de cortometraje en cada concurso nacional y que asciende a 16 UIT para cada obra premiada.

Duplicidad de funciones

Otra observación a la autógrafa es que la creación del Fondo Procine duplica las funciones asignadas al Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine), como fomentar la creación y producción de obras nacionales a través de concursos, e impulsar la promoción y difusión nacional e internacional del cine nacional.

Además, la creación de un Fondo Antipiratería que controle y concientice a la población contra la piratería audiovisual duplica las funciones que desarrolla el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En el mismo ámbito de la creación de Procine y del Fondo Antipiratería, el Ejecutivo también observa que la legislación prohíbe la creación de fondos con y sin personería jurídica para evitar un desorden financiero y presupuestal.

Por otro lado, se considera que otorgar 20% de los recursos del Fondo Procine a las empresas ubicadas fuera de Lima y Callao, sin exigirles estándares mínimos de calidad o niveles mínimos de venta, no es adecuado para descentralizar estas actividades y generaría oportunismo en esta actividad.

Respecto a la creación de la Cinemateca Peruana, dentro del Ministerio de Educación, señala que el Conacine, del cual dependería la referida cinemateca, actualmente forma parte del Ministerio de Cultura.
Lima, 15 de Enero del 2011

2 comentarios:

Rodrigo dijo...

Tal como se están dando las cosas, lo mejor sería esperar el cambio de gobierno, y mientras tanto defender la Ley vigente. El alanismo carece de seriedad y credibilidad para discutir políticas culturales.

Anónimo dijo...

El asunto es que no depende de los cineastas, sino de las autoridades. Creo que todos se van a preocupar por sus campañas en las elecciones y nadie por la Ley de Cine (a menos que el lobby traiga su buena aceitada y se quiera hacer por lo bajo, como ya ha pasado). Por inercia, acabaremos en manos del siguiente gobierno...